jueves, agosto 06, 2015

RNDD, un invento chileno.


Reacción Nuclear Digital Débil (RNDD) 

DISEÑO:
1.- Propicio Ingobernabilidad
Qureshi utiliza un 'enfoque' 'corporativista' para sugerir que la CIA trabajó con las compañías estadounidenses que había intereses creados en Chile para proteger el capital estadounidense de un posible futuro régimen marxista. Tanto Haslam y Qureshi han señalado la significación de las inversiones de Estados Unidos en Chile; sin embargo, Qureshi saca el argumento de que los enlaces de Nixon con empresas de Estados Unidos, por ejemplo ITT y Pepsico, enmarcan la política hacia Chile en torno a la preocupación de la expropiación, no infiltración o subversión. También señala que tanto ITT y Pepsico eran clientes corporativos del estudio jurídico de Nixon, y que ITT, ejecutivos de la minería Anaconda, y los editores de El Mercurio, todos tuvieron contacto cercano con la CIA en Santiago. Aunque Gustafson de acuerdo en que la CIA y el ITT tenía contacto de muchos años y que las empresas estadounidenses a partir de 1970 hicieron movimientos independientes en el apoyo a los centristas chilenos, en un intento por salvar sus inversiones, una tendencia que Gustafson insiste en que la CIA habría sido poco probable capaz de detener.
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2.- Tomo el Gobierno
El golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973 fue una acción militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Chile conformadas por la Armada de Chile, la Fuerza Aérea de Chile y el Ejército de Chile en conjunto con Carabineros de Chile para derrocar al presidente socialista Salvador Allende Gossens y al gobierno izquierdista de la Unidad Popular.
Salvador Allende asumió en 1970 como Presidente de Chile, siendo el primer político de orientación marxista en Occidente que accedió al poder a través de elecciones generales en un Estado de Derecho. Su gobierno, de marcado carácter reformista, se caracterizó por una creciente polarización política en la sociedad y una dura crisis económica que desembocó en una fuerte convulsión social.
La posibilidad de ejecutar un golpe de Estado contra el gobierno de Allende existió incluso antes de su elección. El gobierno de Estados Unidos, dirigido por el presidente Richard Nixon y su secretario de Estado Henry Kissinger, influyeron decisivamente en grupos opositores a Allende, financiando y apoyando activamente la realización de un golpe de Estado. Dentro de estas acciones se encuentran el asesinato del general René Schneider y el Tanquetazo, una sublevación militar el 29 de junio de 1973.
A mediados del año 1973, tras el Tanquetazo, grupos dentro de la Armada de Chile planean derrocar al gobierno,4 al que posteriormente se suman los altos mandos de la Fuerza Aérea y grupos dentro de Carabineros. Días antes de la fecha planificada para la acción militar, se sumó Augusto Pinochet, comandante en jefe del Ejército. En la mañana del 11 de septiembre, las cúpulas de las Fuerzas Armadas y de Orden lograron rápidamente controlar gran parte del país y exigieron la renuncia inmediata de Salvador Allende, quien se refugió en el Palacio de La Moneda. Tras el bombardeo de la sede presidencial, Allende se suicidó y la resistencia en el Palacio fue neutralizada.
El golpe de Estado marcó el fin del gobierno de la Unidad Popular, que sería seguida por el establecimiento de una junta militar liderada por Pinochet. Chile, que hasta ese entonces se mantenía como una de las democracias más estables en América Latina[cita requerida], entró en una dictadura cívico-militar que se extendió hasta 1990. Durante este período, fueron cometidas sistemáticas violaciones a los derechos humanos, se limitó la libertad de expresión, se suprimieron los partidos políticos y el Congreso Nacional fue disuelto.
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3.- Instauró las bases del modelo Neo Liberal
Para arreglar el caos económico, el gobierno del general Pinochet comenzó a aplicar, en 1974, el modelo de economía social de mercado o neoliberal, en el cual el Estado no es el propietario de los medios de producción, sino que estos quedan en manos de los privados. La base teórica de esta tendencia fue un texto conocido como El ladrillo, en el cual los economistas que habían estudiado en la Universidad de Chicago, Estados Unidos, como Alvaro Bardón, Pablo Barahona y Sergio de Castro (los llamados “Chicago Boys”), luego de analizar la situación del país, proponían este modelo económico.


En el marco de este planteamiento, se cambió la moneda de escudo a peso, se establecieron bajos aranceles (cifras oficiales que hay que pagar para poder internar algunos productos en un país.) para la importación y exportación de productos no tradicionales, se mantuvo un dólar fijo equivalente a 39 pesos y se incentivó la inversión de capitales extranjeros. Además, se terminó con la Reforma Agraria y se privatizaron numerosas empresas estatales importantes, aunque la Corporación del Cobre, Codelco, siguió en manos del Estado.

Por otra parte, aumentaron los gastos en defensa, sueldos y beneficios de las Fuerzas Armadas y servicios secretos. Una ley determinó que se iba a destinar el 10 por ciento de las utilidades anuales, producto de las exportaciones de cobre, a la compra de armas.

El gasto en salud, vivienda e infraestructura (como la construcción de caminos, por ejemplo) disminuyó notablemente en los primeros años del régimen militar.

Tambalea el modelo

En 1982, el gobierno del general Pinochet se encontraba en serios problemas económicos. La deuda ascendía a 16.000 millones de dólares. Esta situación, atribuida por el régimen militar a una recesión o crisis mundial, fue agravada por el exceso de libertad económica y la mantención del dólar fijo, que favorecía a los importadores, pero no a los exportadores.

Para enfrentar la crisis, se terminó con la fijación del dólar, lo que afectó a todos quienes tenían deudas en esa moneda, pues estas aumentaron fuertemente. Alrededor de 450 empresas quebraron y el desempleo llegó al 30 por ciento, aproximadamente.

El Estado tuvo que intervenir en 1983, absorbiendo las deudas de algunas empresas, pero sobre todo de varios bancos importantes quebrados.

Fuera de este difícil momento, los últimos años del régimen militar dejaron una economía sólida y con proyecciones de desarrollo. Se produjo la diversificación de la economía al exportar productos diferentes a los tradicionales y competitivos en el mercado internacional. Además, se reforzó la modernización del Estado, privatizando no solo empresas estatales, sino que también los servicios sociales, de la salud y de la educación.

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4.- Creo Institucionalidad.
Entre 1981 y 1990, de acuerdo a las disposiciones transitorias fijadas por la misma Constitución, la Junta de Gobierno asumió las funciones legislativa y constituyente —esta última sujeta a aprobación plebiscitaria—. Augusto Pinochet asumió el cargo de presidente y, por ende, la función de gobierno y administración del Estado. Los tribunales de justicia continuaron ejerciendo sus funciones como venían haciendo desde el inicio del régimen militar.


Finalmente, a fines de los años 1980, un grupo de partidos políticos encabezados por la Democracia Cristiana aceptó participar en la transición establecida en la Constitución, reconociéndola como una realidad jurídica y operando dentro del marco institucional establecido por ella. En 1988, se puso en marcha el mecanismo previsto en la Constitución para la sucesión de Pinochet, mediante una consulta plebiscitaria. Con el plebiscito, la mayoría del país manifestó su rechazo a que Pinochet fuera presidente por otro periodo de ocho años, lo que gatilló la realización de elecciones para elegir a un nuevo presidente de la República, junto con los miembros del Congreso Nacional, en 1989.5

Previo a las elecciones parlamentarias de 1989, el gobierno, la Concertación y los partidos de derecha consensuaron un paquete de 54 reformas a la carta fundamental, que fue aprobada en el plebiscito del 30 de julio de 1989. Entre esto y la victoria de la concertación en la elección presidencial, tras lo cual Patricio Aylwin asumió como presidente de Chile en 1990, la Constitución fue reconocida por todos los sectores políticos y sociales de Chile, con la excepción del Partido Comunista de Chile y otros grupos de izquierda extra-parlamentarios, quienes desde entonces han clamado por su reemplazo total.

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Aire, Tierra y Mar
Yo Héctor Quijada Olguín (nacido en ésta tierra y criado por un par de progenitores, que vieron nacer sus esperanzas bajo la dirección y administración que emprendía un país completo, entre los años 1973 y 1991), doy gracias a quienes estuvieron a la cabeza de la nación mientras el enemigo era difuso, complejo y gigante.
Se pueden argumentar tantos y tantas variables, hoy en día, que solamente un discurso coherente podría iluminarnos para ver las reales consecuencia que provocaron el Chile de hoy y del mañana. No obstante, en la limitada vida que tiene un chileno como yo, el agradecimiento primero es a mi Creador y a sus creaciones; argumentando que las entidades castrenses son, por esencia y presencia, mundos de él.
Espero que continúen su senda del progreso. Que reflejen aún más su poderío bélico, con el propósito de mantener ésta tierra al resguardo de todos los ataques de cualquier extranjero. Hoy, la guerra debe vivirse y escribirse en singulares territorios y espero que Chile, “-mi querido país-”, esté preparado para combatir con todo, en los futuros campos de batalla que se le avecinan.
Nuestra nación, en las condiciones que está, es gracias y desgracias a los enfrentamientos que nuestro ejército, para con todos los frentes, ha tenido que combatir. Debiéndoles demostrar una infinita admiración y agradecimiento, al ver que dominan con creces una vasta experticia del fenómeno político que, constantemente en el tiempo, tienden sin vacilación a enfrentar.
Hago ésta escritura con el único propósito de revindicar a mi progenitor, el cual siempre ha estado del lado de su razón y esa condición no claudicará en el tiempo. Siendo yo el primero en respetarlo, dado que soy su hijo y de todas las bien aventurazas que el me procuró; ocurridas éstas porque el mundo y su nación fueron liberados, para él, entre 1973 y 1991.
Atte.
HSQO

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5.- Creo plataforma económica futura ( regalando empresas)
La suma de todas las industrias tiene otro efecto conjunto. La privatización de los servicios básicos más importantes es seguida de un aumento de sus precios (como sucede efectivamente en muchos casos), con lo cual se obtiene como resultado un aumento en el costo de vida que tiene un efecto más poderoso en los sectores más pobres, ya que éstos destinan una proporción mayor de sus ingresos para financiar dichos servicios básicos. Bajo este raciocinio, las privatizaciones estarían estimulando un aumento en la brecha entre ricos y pobres.
Dado todos los antecedentes, se plantea que las privatizaciones no han traído todos los buenos augurios que vaticinaban los Chicago Boy’s en los 80’, sino que han redundado en una concentración de las empresas en pocas manos, en transnacionales que se llevan altas rentabilidades a sus países de origen, en una sobreexplotación de recursos naturales, y en el traspaso a privados de recursos naturales claves para cualquier sociedad, como sucede con el agua.
Tampoco hay que olvidar el hecho de que las empresas públicas surgieron de los recursos inyectados por generaciones de contribuyentes. De un día para otro se le impide a la ciudadanía disfrutar de la rentabilidad futura de una inversión que realizaron, ya que dichos beneficios se trasladan a empresas privadas que en mucha oportunidades fueron adquiridas por una cantidad muy inferior a su valor libro.
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6.- Impido por ley financiamiento público de Política y campañas.
FINANCIAMIENTO PRIVADO: Es toda contribución en dinero, o estimable en dinero, que se efectúe a un candidato o partido político, sea que se materialice bajo la forma de mutuo, donación, comodato o cualquier acto o contrato a título gratuito, destinado al financiamiento de gastos electorales.

El Donante es la persona natural o jurídica, que hace una contribución en dinero, o estimable en dinero, que se encuentra destinada al financiamiento de gastos electorales.
El Donatario es la persona que recibe y acepta la donación, puede ser un candidato o un partido político.
El financiamiento privado se materializa a través de aportes o donaciones los cuales se clasifican de la siguiente manera: aportes propios, aportes anónimos, aportes reservados y aportes privados de carácter público. Cada uno de ellos debe cumplir con requisitos específicos.
Los límites totales por donante para cada tipo de elección son los siguientes:
2.000 UF en caso de candidato a Presidente. ($45.831.160)
1.250 UF en caso de candidato a Senador. ($28.644.475)
1.250 UF en caso de candidato a Diputado. ($28.644.475)
1.000 UF en caso d candidatos a C. Regional. ($22.915.580)
10.000 UF a un partido político. ($229.155.800)
10.000 UF a distintos candidatos. ($229.155.800)

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7.- Obligo a políticos a recurrir de financiamientos ilegales
“Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de delitos en contra de la corrupción”, era el título del texto de nueve páginas que esa noche del 28 de abril estaba a un paso de ser enviado al Congreso para su trámite.
En ese acotado articulado se introducían modificaciones al artículo 197 del Código Penal cuyo detalle lleva el título: “Documentos tributarios ideológicamente falsos”. Allí se “consagra expresamente como conducta constitutiva de delito otorgar documentos tributarios falsos, es decir, aquellos emitidos por quien no realizó un servicio o no entregó el producto a que hace referencia el documento, así como también se castiga el contribuyente receptor”.
La paradoja es que la redacción de este artículo aparece como una medida efectiva contra la corrupción política al tipificar, por primera vez, las boletas o facturas falsas ya no solo como un ilícito tributario, sino como un delito inserto en el Código Penal. Pero en los hechos, al describir en el proyecto una nueva conducta ilícita que anteriormente no estaba tipificada, se está diciendo implícitamente que quien incurrió antes de la vigencia de la nueva ley en esa conducta, no cometió delito. En la práctica, una suerte de amnistía.
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8.- Impido el surgimiento de medios contrarios a los fines del diseño.
En un Chile donde el 20% más rico posee el 61% del ingreso y el 20% más pobre accede al 3,3%, el inequitativo acceso a derechos intangibles como la educación, la cultura o la información, resulta fácil de invisibilizar. A partir de las políticas adoptadas por la dictadura cívico-militar durante la década del 80, la lógica de privatización y liberalización de la economía que imperó en distintos campos, se extendió también a la producción de contenidos simbólicos y comunicacionales, dando paso a la creación de oligopolios en todas las plataformas de medios.
La libertad de expresión e información está distorsionada por el mercado, como multiplicidad de otras cosas, tanto en Chile como en el resto del mundo. Y sabemos que no es el mercado el garante de la libertad de expresión, sino la existencia de una diversidad de medios pues la concentración de propiedad es incompatible con la libertad de información.
El legado dictatorial y la administración posterior del modelo neoliberal, nos hace tener hoy el triste primer lugar en los rankings de concentración de la propiedad de los medios de comunicación de América Latina, que dan para Chile un 95%. Un férreo duopolio de medios impresos, un oligopolio de estaciones televisivas con capitales locales y extranjeros, y un 45% del mercado radial concentrado en manos de un conglomerado trasnacional español, constituyen el panorama nacional. Recientemente, la privatización del diario La Nación, único periódico impreso de propiedad pública creado en 1917, contribuyó a agravar la ausencia de pluralismo informativo.
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9.- Financió campañas afines con plataforma económica.
Penta - Soquimich - Caval - FUT - Cascadas - Forward - (¿?)
Para intentar cerrar este y otros escándalos, la Presidenta encargó a sus ministros una batería de proyectos de ley para intentar regular de mejor manera la relación entre dinero y política, entre los que se contarían: mejorar las declaraciones de intereses que deben hacer las autoridades al asumir; aumentar las causales de inhabilidad para asumir o postular a cargos públicos; endurecer penas por uso de información privilegiada; evaluar la permanencia de parlamentarios en sus cargos si incurren en ilícitos; crear una nueva institucionalidad para fiscalizar procesos electorales; fortalecer el proyecto de financiamiento de la política que se discute en el congreso, y modificar la ley de lobby. La propuesta ha sido apoyada desde todos los sectores políticos.
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10.- Obligo a contrarios a recurrir de apoyo $ a la misma plataforma.
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11.- Todo lo sustento en un control total d la capacidad d comprensión del ciudadano común, con educación d - calidad, desinformando...

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