Reacción Nuclear Digital Débil (RNDD)
DISEÑO:
1.- Propicio Ingobernabilidad
Qureshi utiliza un 'enfoque' 'corporativista' para sugerir
que la CIA trabajó con las compañías estadounidenses que había intereses
creados en Chile para proteger el capital estadounidense de un posible futuro
régimen marxista. Tanto Haslam y Qureshi han señalado la significación de las
inversiones de Estados Unidos en Chile; sin embargo, Qureshi saca el argumento
de que los enlaces de Nixon con empresas de Estados Unidos, por ejemplo ITT y
Pepsico, enmarcan la política hacia Chile en torno a la preocupación de la
expropiación, no infiltración o subversión. También señala que tanto ITT y
Pepsico eran clientes corporativos del estudio jurídico de Nixon, y que ITT,
ejecutivos de la minería Anaconda, y los editores de El Mercurio, todos
tuvieron contacto cercano con la CIA en Santiago. Aunque Gustafson de acuerdo
en que la CIA y el ITT tenía contacto de muchos años y que las empresas
estadounidenses a partir de 1970 hicieron movimientos independientes en el
apoyo a los centristas chilenos, en un intento por salvar sus inversiones, una
tendencia que Gustafson insiste en que la CIA habría sido poco probable capaz
de detener.
2.- Tomo el Gobierno
El golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973 fue
una acción militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Chile conformadas
por la Armada de Chile, la Fuerza Aérea de Chile y el Ejército de Chile en
conjunto con Carabineros de Chile para derrocar al presidente socialista
Salvador Allende Gossens y al gobierno izquierdista de la Unidad Popular.
Salvador Allende asumió en 1970 como Presidente de Chile,
siendo el primer político de orientación marxista en Occidente que accedió al
poder a través de elecciones generales en un Estado de Derecho. Su gobierno, de
marcado carácter reformista, se caracterizó por una creciente polarización
política en la sociedad y una dura crisis económica que desembocó en una fuerte
convulsión social.
La posibilidad de ejecutar un golpe de Estado contra el
gobierno de Allende existió incluso antes de su elección. El gobierno de
Estados Unidos, dirigido por el presidente Richard Nixon y su secretario de
Estado Henry Kissinger, influyeron decisivamente en grupos opositores a
Allende, financiando y apoyando activamente la realización de un golpe de
Estado. Dentro de estas acciones se encuentran el asesinato del general René
Schneider y el Tanquetazo, una sublevación militar el 29 de junio de 1973.
A mediados del año 1973, tras el Tanquetazo, grupos dentro
de la Armada de Chile planean derrocar al gobierno,4 al que posteriormente se
suman los altos mandos de la Fuerza Aérea y grupos dentro de Carabineros. Días
antes de la fecha planificada para la acción militar, se sumó Augusto Pinochet,
comandante en jefe del Ejército. En la mañana del 11 de septiembre, las cúpulas
de las Fuerzas Armadas y de Orden lograron rápidamente controlar gran parte del
país y exigieron la renuncia inmediata de Salvador Allende, quien se refugió en
el Palacio de La Moneda. Tras el bombardeo de la sede presidencial, Allende se
suicidó y la resistencia en el Palacio fue neutralizada.
El golpe de Estado marcó el fin del gobierno de la Unidad
Popular, que sería seguida por el establecimiento de una junta militar liderada
por Pinochet. Chile, que hasta ese entonces se mantenía como una de las
democracias más estables en América Latina[cita requerida], entró en una
dictadura cívico-militar que se extendió hasta 1990. Durante este período,
fueron cometidas sistemáticas violaciones a los derechos humanos, se limitó la
libertad de expresión, se suprimieron los partidos políticos y el Congreso
Nacional fue disuelto.
3.- Instauró las bases del modelo Neo Liberal
Para arreglar el caos económico, el gobierno del general
Pinochet comenzó a aplicar, en 1974, el modelo de economía social de mercado o
neoliberal, en el cual el Estado no es el propietario de los medios de
producción, sino que estos quedan en manos de los privados. La base teórica de
esta tendencia fue un texto conocido como El ladrillo, en el cual los
economistas que habían estudiado en la Universidad de Chicago, Estados Unidos,
como Alvaro Bardón, Pablo Barahona y Sergio de Castro (los llamados “Chicago Boys”),
luego de analizar la situación del país, proponían este modelo económico.
En el marco de este planteamiento, se cambió la moneda de escudo a peso, se
establecieron bajos aranceles (cifras oficiales que hay que pagar para poder
internar algunos productos en un país.) para la importación y exportación de
productos no tradicionales, se mantuvo un dólar fijo equivalente a 39 pesos y
se incentivó la inversión de capitales extranjeros. Además, se terminó con la
Reforma Agraria y se privatizaron numerosas empresas estatales importantes,
aunque la Corporación del Cobre, Codelco, siguió en manos del Estado.
Por otra parte, aumentaron los gastos en defensa, sueldos y beneficios de las
Fuerzas Armadas y servicios secretos. Una ley determinó que se iba a destinar
el 10 por ciento de las utilidades anuales, producto de las exportaciones de
cobre, a la compra de armas.
El gasto en salud, vivienda e infraestructura (como la construcción de caminos,
por ejemplo) disminuyó notablemente en los primeros años del régimen militar.
Tambalea el modelo
En 1982, el gobierno del general Pinochet se encontraba en serios problemas
económicos. La deuda ascendía a 16.000 millones de dólares. Esta situación,
atribuida por el régimen militar a una recesión o crisis mundial, fue agravada
por el exceso de libertad económica y la mantención del dólar fijo, que
favorecía a los importadores, pero no a los exportadores.
Para enfrentar la crisis, se terminó con la fijación del dólar, lo que afectó a
todos quienes tenían deudas en esa moneda, pues estas aumentaron fuertemente.
Alrededor de 450 empresas quebraron y el desempleo llegó al 30 por ciento,
aproximadamente.
El Estado tuvo que intervenir en 1983, absorbiendo las deudas de algunas
empresas, pero sobre todo de varios bancos importantes quebrados.
Fuera de este difícil momento, los últimos años del régimen militar dejaron una
economía sólida y con proyecciones de desarrollo. Se produjo la diversificación
de la economía al exportar productos diferentes a los tradicionales y competitivos
en el mercado internacional. Además, se reforzó la modernización del Estado,
privatizando no solo empresas estatales, sino que también los servicios
sociales, de la salud y de la educación.
4.- Creo Institucionalidad.
Entre 1981 y 1990, de acuerdo a las disposiciones
transitorias fijadas por la misma Constitución, la Junta de Gobierno asumió las
funciones legislativa y constituyente —esta última sujeta a aprobación
plebiscitaria—. Augusto Pinochet asumió el cargo de presidente y, por ende, la
función de gobierno y administración del Estado. Los tribunales de justicia
continuaron ejerciendo sus funciones como venían haciendo desde el inicio del
régimen militar.
Finalmente, a fines de los años 1980, un grupo de partidos políticos
encabezados por la Democracia Cristiana aceptó participar en la transición
establecida en la Constitución, reconociéndola como una realidad jurídica y
operando dentro del marco institucional establecido por ella. En 1988, se puso
en marcha el mecanismo previsto en la Constitución para la sucesión de
Pinochet, mediante una consulta plebiscitaria. Con el plebiscito, la mayoría
del país manifestó su rechazo a que Pinochet fuera presidente por otro periodo
de ocho años, lo que gatilló la realización de elecciones para elegir a un
nuevo presidente de la República, junto con los miembros del Congreso Nacional,
en 1989.5
Previo a las elecciones parlamentarias de 1989, el gobierno, la Concertación y
los partidos de derecha consensuaron un paquete de 54 reformas a la carta
fundamental, que fue aprobada en el plebiscito del 30 de julio de 1989. Entre
esto y la victoria de la concertación en la elección presidencial, tras lo cual
Patricio Aylwin asumió como presidente de Chile en 1990, la Constitución fue
reconocida por todos los sectores políticos y sociales de Chile, con la
excepción del Partido Comunista de Chile y otros grupos de izquierda
extra-parlamentarios, quienes desde entonces han clamado por su reemplazo
total.
Aire, Tierra y Mar
Yo Héctor Quijada Olguín (nacido en ésta tierra y criado por un par de
progenitores, que vieron nacer sus esperanzas bajo la dirección y
administración que emprendía un país completo, entre los años 1973 y 1991), doy
gracias a quienes estuvieron a la cabeza de la nación mientras el enemigo era
difuso, complejo y gigante.
Se pueden argumentar tantos y tantas variables, hoy en día, que solamente un
discurso coherente podría iluminarnos para ver las reales consecuencia que
provocaron el Chile de hoy y del mañana. No obstante, en la limitada vida que
tiene un chileno como yo, el agradecimiento primero es a mi Creador y a sus
creaciones; argumentando que las entidades castrenses son, por esencia y
presencia, mundos de él.
Espero que continúen su senda del progreso. Que reflejen aún más su poderío
bélico, con el propósito de mantener ésta tierra al resguardo de todos los
ataques de cualquier extranjero. Hoy, la guerra debe vivirse y escribirse en
singulares territorios y espero que Chile, “-mi querido país-”, esté preparado
para combatir con todo, en los futuros campos de batalla que se le avecinan.
Nuestra nación, en las condiciones que está, es gracias y desgracias a los
enfrentamientos que nuestro ejército, para con todos los frentes, ha tenido que
combatir. Debiéndoles demostrar una infinita admiración y agradecimiento, al
ver que dominan con creces una vasta experticia del fenómeno político que,
constantemente en el tiempo, tienden sin vacilación a enfrentar.
Hago ésta escritura con el único propósito de revindicar a mi progenitor, el
cual siempre ha estado del lado de su razón y esa condición no claudicará en el
tiempo. Siendo yo el primero en respetarlo, dado que soy su hijo y de todas las
bien aventurazas que el me procuró; ocurridas éstas porque el mundo y su nación
fueron liberados, para él, entre 1973 y 1991.
Atte.
HSQO
5.- Creo plataforma económica futura ( regalando empresas)
La suma de todas las industrias tiene otro efecto conjunto.
La privatización de los servicios básicos más importantes es seguida de un
aumento de sus precios (como sucede efectivamente en muchos casos), con lo cual
se obtiene como resultado un aumento en el costo de vida que tiene un efecto
más poderoso en los sectores más pobres, ya que éstos destinan una proporción
mayor de sus ingresos para financiar dichos servicios básicos. Bajo este
raciocinio, las privatizaciones estarían estimulando un aumento en la brecha
entre ricos y pobres.
Dado todos los antecedentes, se plantea que las
privatizaciones no han traído todos los buenos augurios que vaticinaban los
Chicago Boy’s en los 80’, sino que han redundado en una concentración de las
empresas en pocas manos, en transnacionales que se llevan altas rentabilidades
a sus países de origen, en una sobreexplotación de recursos naturales, y en el
traspaso a privados de recursos naturales claves para cualquier sociedad, como
sucede con el agua.
Tampoco hay que olvidar el hecho de que las empresas
públicas surgieron de los recursos inyectados por generaciones de
contribuyentes. De un día para otro se le impide a la ciudadanía disfrutar de
la rentabilidad futura de una inversión que realizaron, ya que dichos
beneficios se trasladan a empresas privadas que en mucha oportunidades fueron
adquiridas por una cantidad muy inferior a su valor libro.
6.- Impido por ley financiamiento público de Política y
campañas.
FINANCIAMIENTO PRIVADO: Es toda contribución en dinero, o
estimable en dinero, que se efectúe a un candidato o partido político, sea que
se materialice bajo la forma de mutuo, donación, comodato o cualquier acto o
contrato a título gratuito, destinado al financiamiento de gastos electorales.
El Donante es la persona natural o jurídica, que hace una contribución en
dinero, o estimable en dinero, que se encuentra destinada al financiamiento de
gastos electorales.
El Donatario es la persona que recibe y acepta la donación, puede ser un candidato
o un partido político.
El financiamiento privado se materializa a través de aportes o donaciones los
cuales se clasifican de la siguiente manera: aportes propios, aportes anónimos,
aportes reservados y aportes privados de carácter público. Cada uno de ellos
debe cumplir con requisitos específicos.
Los límites totales por donante para cada tipo de elección son los siguientes:
2.000 UF en caso de candidato a Presidente. ($45.831.160)
1.250 UF en caso de candidato a Senador. ($28.644.475)
1.250 UF en caso de candidato a Diputado. ($28.644.475)
1.000 UF en caso d candidatos a C. Regional. ($22.915.580)
10.000 UF a un partido político. ($229.155.800)
10.000 UF a distintos candidatos. ($229.155.800)
7.- Obligo a políticos a recurrir de financiamientos
ilegales
“Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que
inicia un proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de delitos en
contra de la corrupción”, era el título del texto de nueve páginas que esa
noche del 28 de abril estaba a un paso de ser enviado al Congreso para su
trámite.
En ese acotado articulado se introducían modificaciones al
artículo 197 del Código Penal cuyo detalle lleva el título: “Documentos
tributarios ideológicamente falsos”. Allí se “consagra expresamente como
conducta constitutiva de delito otorgar documentos tributarios falsos, es
decir, aquellos emitidos por quien no realizó un servicio o no entregó el
producto a que hace referencia el documento, así como también se castiga el
contribuyente receptor”.
La paradoja es que la redacción de este artículo aparece
como una medida efectiva contra la corrupción política al tipificar, por
primera vez, las boletas o facturas falsas ya no solo como un ilícito
tributario, sino como un delito inserto en el Código Penal. Pero en los hechos,
al describir en el proyecto una nueva conducta ilícita que anteriormente no
estaba tipificada, se está diciendo implícitamente que quien incurrió antes de
la vigencia de la nueva ley en esa conducta, no cometió delito. En la práctica,
una suerte de amnistía.
8.- Impido el surgimiento de medios contrarios a los fines
del diseño.
En un Chile donde el 20% más rico posee el 61% del ingreso y
el 20% más pobre accede al 3,3%, el inequitativo acceso a derechos intangibles
como la educación, la cultura o la información, resulta fácil de invisibilizar.
A partir de las políticas adoptadas por la dictadura cívico-militar durante la
década del 80, la lógica de privatización y liberalización de la economía que
imperó en distintos campos, se extendió también a la producción de contenidos
simbólicos y comunicacionales, dando paso a la creación de oligopolios en todas
las plataformas de medios.
La libertad de expresión e información está distorsionada
por el mercado, como multiplicidad de otras cosas, tanto en Chile como en el
resto del mundo. Y sabemos que no es el mercado el garante de la libertad de
expresión, sino la existencia de una diversidad de medios pues la concentración
de propiedad es incompatible con la libertad de información.
El legado dictatorial y la administración posterior del
modelo neoliberal, nos hace tener hoy el triste primer lugar en los rankings de
concentración de la propiedad de los medios de comunicación de América Latina,
que dan para Chile un 95%. Un férreo duopolio de medios impresos, un oligopolio
de estaciones televisivas con capitales locales y extranjeros, y un 45% del
mercado radial concentrado en manos de un conglomerado trasnacional español,
constituyen el panorama nacional. Recientemente, la privatización del diario La
Nación, único periódico impreso de propiedad pública creado en 1917, contribuyó
a agravar la ausencia de pluralismo informativo.
9.- Financió campañas afines con plataforma económica.
Penta - Soquimich - Caval - FUT - Cascadas - Forward - (¿?)
Para intentar cerrar este y otros escándalos, la Presidenta
encargó a sus ministros una batería de proyectos de ley para intentar regular
de mejor manera la relación entre dinero y política, entre los que se
contarían: mejorar las declaraciones de intereses que deben hacer las
autoridades al asumir; aumentar las causales de inhabilidad para asumir o
postular a cargos públicos; endurecer penas por uso de información
privilegiada; evaluar la permanencia de parlamentarios en sus cargos si
incurren en ilícitos; crear una nueva institucionalidad para fiscalizar
procesos electorales; fortalecer el proyecto de financiamiento de la política
que se discute en el congreso, y modificar la ley de lobby. La propuesta ha
sido apoyada desde todos los sectores políticos.
10.- Obligo a contrarios a recurrir de apoyo $ a la misma
plataforma.
11.- Todo lo sustento en un control total d la capacidad d
comprensión del ciudadano común, con educación d - calidad, desinformando...
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